Giulia Bottoloni – Eu Aid Volunteers

Alianza por la Solidaridad y la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales están desarrollando el proyecto “Reparación de derechos vulnerados de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en Colombia” junto con las mujeres de Ciudad Bolívar (Bogotá) y Soacha (Cundinamarca) financiado por el Gobierno de la Rioja.

El 25 de mayo, en ocasión del Día Nacional por la Dignidad de las mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado, respaldamos a la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales exigiendo ante la JEP – Jurisdicción Especial Para La Paz – la apertura del macro caso de violencia sexual.   

Para este fin, previamente se han ido entregando a la JEP numerosos informes documentando los casos de violencia sexual, reproductiva y motivada en la sexualidad de las víctimas, junto con otras organizaciones y colectivos de mujeres y de personas LGTBIQA+, quien también han sido afectadas desproporcionadamente por la violencia basada en género durante el conflicto. Se suman entre otras a este llamado la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, la Defensoría del Pueblo, el doctor Denis Mukwege (ganador del Premio Nobel de Paz en el 2018), Sisma Mujer, Colombia Diversa, Corporación Humanas, Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, Corporación Caribe Afirmativo, All Survivors Project, Women’s Link Worldwide y la Red Nacional de Mujeres. El pasado 18 de mayo hasta la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia Marta Lucía Ramírez se pronunció al respecto. 

La JEP forma parte del Sistema Integral para la Paz instituido en 2016 con la firma del Acuerdo de Paz. En el marco de la justicia transicional, la JEP tiene entre otros el propósito de garantizar justicia, verdad, no repetición y la reparación para las víctimas. Por esta razón, hasta la fecha se abrieron 7 macrocasos con el fin de determinar los hechos y responsabilidades. 

Hasta ahora la postura de la JEP ha sido de tratar la violencia sexual de forma transversal a los otros macrocasos, argumentando que se trata de un fenómeno estructural y sistémico y, por lo tanto, profundamente relacionado con otras violencias perpetuadas en el marco del conflicto.  

Sin embargo, las organizaciones y grupos de víctimas y sobrevivientes denuncian la falta de priorización de sus derechos al abordar la violencia sexual como un crimen accesorio, “daño colateral” de otros delitos. Esto, a pesar de que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto se refiere a la violencia sexual como un delito autónomo para el cual además no se prevé ni amnistía ni indulto.  

En este contexto, la apertura del macrocaso de violencia sexual representaría una manera de aplicar oportunamente la perspectiva de género en el marco de la justica transicional, dándole reconocimiento a este crimen e impulsando su investigación y juzgamiento efectivos. De igual manera, contribuiría a visibilizar la violencia de género y sexual y por ende a lanzar un mensaje claro en contra de la impunidad que concierne este delito en el ámbito de la justicia ordinaria. Cabe mencionar que las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual siguen enfrentándose a varios obstáculos en el acceso a la justicia, consecuencia tanto de falta de garantías como de la normalización de la violencia sexual en nuestra sociedad. A este respecto, la Corte Constitucional se pronunció definiendo la violencia sexual contra la mujer como una «práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano”.  

Jineth Bedoya, periodista nombrada por la ONU embajadora global en la lucha contra la violencia sexual en el marco del conflicto armado defiende esta petición, relatando como “la violencia sexual siempre ha sido usada como un arma de guerra”, y haciendo hincapié sobre como las mujeres han sido instrumentalizadas en el contexto de prácticas de guerra y estrategias militares.  

Estas graves vulneraciones de derechos, lejos de representar hechos aislados y excepcionales, son el resultado de dinámicas estructurales caracterizadas por relaciones de poder desiguales entre géneros. La discriminación en contra de las mujeres y de personas con diferentes orientación sexual e identidad de género que todo esto supone alimenta un contexto cultural en el que la violencia sexual se normaliza, tolera y alienta como forma de socialización y medio de dominación y control.  

A este respecto, hasta finales de abril de 2022, el Registro Único de Víctimas reporta 35.046 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el desarrollo del conflicto armado, es decir cuyas vulneraciones de derechos fueron perpetuada en el marco de la guerra o bien en situaciones relacionadas a ella. A pesar de las cifras alarmantes, cabe mencionar el alto subregistro que interesa este tipo de crímenes.  

Asimismo, el Observatorio Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica registra 15328 casos de violencia sexual, donde más de un caso sobre 3 se verificó en Antioquia y Magdalena, y representando las mujeres más que el 90 % del total de las víctimas.