La figura de las promotoras comunitarias

Por Blanca Aparicio

Hacer un voluntariado en Alianza por la Solidaridad implica conocer de cerca las luchas feministas y los derechos de las mujeres en Bolivia, especialmente en La Paz. Esta experiencia brinda la oportunidad de colaborar con organizaciones sociales con amplia trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, así como interactuar con autoridades locales, nacionales y organizaciones internacionales. Uno de los temas clave en los que se trabaja desde el inicio es el Derecho a Vivir Libre de Violencia (DVLV), con un enfoque particular en la ruta de atención a la violencia de género, un conjunto de servicios en el país destinados a apoyar a las mujeres víctimas de violencia.

Una de las figuras que más me ha impactado dentro de los mecanismos de apoyo es la de las promotoras comunitarias. Durante nuestra estancia, las voluntarias tuvimos la oportunidad de trabajar en diversos proyectos dedicados a su formación y acreditación. También participamos en reuniones y charlas sobre el funcionamiento del proceso y los requisitos para obtener la acreditación.

Las promotoras comunitarias son mujeres que han sufrido violencia de género y que, de manera voluntaria, brindan apoyo a otras mujeres que atraviesan situaciones similares. Esta figura está contemplada en la legislación boliviana, que establece requisitos específicos para su certificación. Las promotoras no reciben remuneración por su labor y deben formarse durante cinco años, superar un examen y no contar con una titulación universitaria. Las organizaciones sociales son responsables de impartir la formación, mientras que las promotoras participan activamente en el proceso de capacitación, exámenes y entrega de credenciales, todo de forma voluntaria.

Recientemente, asistí a una charla-debate en la que se abordó una preocupación importante: la acreditación de personas que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Se han entregado credenciales a personas que solo han recibido unos pocos meses de formación, a mujeres que no han sufrido violencia de género e incluso a hombres. Aunque se aclaró que no hay inconveniente en que estas personas colaboren en la atención a la violencia de género, se subrayó que no deben asumir el rol de las promotoras comunitarias. A mi parecer, el trabajo de las promotoras no debe ser infravalorado, sino que debe recibir un mayor apoyo institucional, no solo en términos de formación y examen, sino también en la cobertura de cualquier otra necesidad que puedan tener para desempeñar su labor de manera efectiva.

Lo que me parece realmente transformador de esta figura es que parte de la idea de que, en lugar de centrarse exclusivamente en la búsqueda de justicia, lo más importante ante una agresión es reparar el daño sufrido. Esta perspectiva coloca la sororidad y la restauración en el centro del proceso. Las mujeres que han sufrido violencia de género encuentran en las promotoras a personas que comprenden profundamente su dolor. Este acompañamiento crea un espacio seguro donde las sobrevivientes se sienten cómodas compartiendo su historia, sin temor a ser juzgadas o revictimizadas. Además, el apoyo emocional de las promotoras es fundamental en el proceso de reparación.

Por otro lado, este proceso también tiene un impacto sanador para las promotoras comunitarias. La violencia deja secuelas profundas, incluyendo una sensación de falta de valor y autonomía. Formarse para acompañar a otras personas que han vivido el mismo dolor puede ser un proceso de sanación para las propias promotoras. Ayudar a las sobrevivientes a superar su trauma es un acto de empoderamiento tanto para ellas como para las mujeres que desempeñan este rol.

Este trabajo también revaloriza a mujeres que han sido históricamente menospreciadas, por no contar con una formación académica formal, por ser en su mayoría de áreas rurales o por haber sido estigmatizadas debido a la violencia que han sufrido.