COVID-19, UN DESAFÍO MÁS PARA LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA E INDÍGENA

Giselle Sartori

Hace unas semanas, me encontraba en la ciudad de San Andrés de Tumaco, el segundo puerto más importante de la Costa Pacífica. Sin embargo, debido a la emergencia del Coronavirus y a la precariedad del sistema de salud local, la Ong Alianza-ActionAid decidió trasladarme a Pasto, capital de la región de Nariño. 

El temor y la preocupación de la organización por la seguridad de las voluntarias era más que legítimo. En Tumaco, no hay ni un solo respirador, ni una sola unidad de cuidados intensivos. Ni siquiera un laboratorio donde conducir las pruebas epidemiológicas para sus 220.000 habitantes, los cuales se ven obligados a esperar varios días para saber si ellos o sus familiares son positivos en Covid-19.

Además del asunto sanitario, en los centros poblados se denuncia la falta de agua potable, la escasez de alimentos y la grave amenaza constituida por los grupos armados, los cuales atacan indiscriminadamente a quienes no cumplen con la cuarentena, desplazando a los enfermos de Coronavirus.
La gravedad de la emergencia es aún más alarmante en aquellas zonas donde el conflicto, la pobreza y la desigualdad estructural se suman a la pandemia. Es por ello que la ONU advierte la necesidad de adoptar medidas urgentes que tomen en cuenta no solo la situación medica, sino la protección y el cuidado de los derechos de las personas más vulnerables ante esta crisis.

Aquellos que padecen una condición de pobreza multidimensional, dificultad de acceso a atención y tratamiento sanitario, como los afrodescendientes y las comunidades indígenas, son los que se verán más afectados. No puede ser una simple casualidad que entre los departamentos con más casos confirmados estén el Valle del Cauca (741 casos), Antioquia (393 casos) y Bolívar (199 casos), lugares donde se encuentra la mayor concentración de población negra, afrocolombiana, raizales y palenqueras de todo el país.

En Colombia, un número desproporcionado de afrodescendientes trabaja en la informalidad, viven en comunidades densamente pobladas y, a menudo, carecen de viviendas seguras. Factores que impiden tener las condiciones humanitarias mínimas para cumplir con el aislamiento social y que por ende los exponen a mayores riesgos.

Por otro lado, muchas comunidades indígenas viven en regiones remotas de difícil acceso, inaccesibles en algunos casos. Entre ellas están los indígenas Embera del Chocó —beneficiarios del proyecto financiados por ECHO y ejecutado por Alianza-ActionAid— que ahora se ven doblemente o triplemente afectados por la expropiación de la tierra y sus recursos naturales, la pandemia y el aumento exponencial de los conflictos en sus territorios. Además, esta situación podría exacerbar la discriminación racial, los prejuicios y estereotipos hacia todos aquellos que huyen de sus lugares de origen en búsqueda de protección.

Está claro que la crisis del COVID-19 nos enfrenta a grandes retos y desafíos. Nunca antes en el último siglo, la humanidad se había enfrentando una amenaza de magnitud similar. La única forma de luchar contra el Coronavirus debe ser un plan de respuesta humanitaria global donde el Estado, las ONGs y los organismos internacionales se articulen y unan sus esfuerzos a favor de la vida de los más vulnerables.

Mientras todo el mundo se queda en casa, crece el compromiso de los actores humanitarios y de los Voluntarios de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, que junto a Alianza-ActionAid trabajan, algunos de forma virtual y otros desde las comunidades, para asegurar el acceso al agua, la atención médica y cubrir las necesidades básicas en todo momento y para todas las personas. Nuestra prioridad es no dejar nadie atrás. ¡Solidaridad más que nunca!